A la opinión Pública

Ante la suspensión de la Audiencia Pública para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado para la construcción de dos tanques de almacenamiento en las instalaciones de Consorcio Terminales (Ex Petro Perú), la Asociación Civil LABOR manifiesta lo siguiente:

• Consideramos que no ha habido una voluntad expresa en los actores involucrados: Municipalidad Provincial de Ilo, Petro Perú y Consorcio Terminales; de cumplir con la Carta de Intención firmada en el año 1994, la cual planteaba un plazo de 10 años para cumplir la reubicación de los tanques.
• Consorcio Terminales ha mostrado, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas, una notoria intención de evitar cumplir con el requisito de ejecutar un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA Sd), lo cual es una muestra de su limitada responsabilidad social. Es un indicador también, de que la empresa conocía y quería evitar el problema que significaría lograr la aceptación, de parte de la población; de un proyecto que va a aumentar el riesgo que significa realizar sus actividades en una zona residencial.
• A pesar de los intentos de la empresa, no logró su cometido y se vio forzada a cumplir con la ejecución del EIA Sd, el cual ya fue observado en enero por el Ministerio de Energía y Minas, que precisa que la empresa debería solucionar el problema de estar calificada como una actividad NO CONFORME con el Plan Director, sin embargo; tal observación parecer haber sido levantada, caso contrario, habría sido imposible que el proceso haya continuado, es decir; que las conversaciones entre la MPI y la empresa no necesariamente reflejarían una posición y voluntad de exigencia de reubicación de los tanques por parte de la Municipalidad, sino absolver una de las principales observaciones que el Ministerio ha hecho al EIA Sd presentado, con lo cual Consorcio Terminales podría continuar con el proceso administrativo ante esta instancia. En este marco, la Municipalidad Provincial debería establecer canales de comunicación permanentes con la población para informar adecuadamente las acciones y avances que se vienen dando respecto a esta situación.
• En fechas recientes se ha comunicado la suspensión de la Audiencia Pública, el Ministerio solamente ha indicado que se debe al incumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades en Hidrocarburos, sin precisar exactamente la causa.
• Consideramos que la sociedad civil puede y debe efectuar las acciones necesarias, en el marco de la legalidad, para mostrar a las autoridades involucradas y la empresa, su posición y exigir a la Municipalidad el cumplimiento efectivo del Plan Director, así como mantener una posición vigilante al desarrollo del proceso.
• Por último, creemos que el proceso seguido por la empresa para ejecutar este proyecto ha mostrado, una vez más, el limitado respeto de algún sector del empresariado privado hacia los procesos de evaluación de impacto ambiental. Recordemos que esta situación se manifestó anteriormente con proyectos ejecutados por EnerSur y Southern Copper Corporation, ante esta debilidad del Estado para hacer cumplir las normas y el irrespeto del sector privado a las mismas, creemos que sólo existe una solución viable que devolverá la confianza de la población hacia el Estado y contribuirá a la gobernabilidad e institucionalidad ambiental en el país: la implementación de una Autoridad Ambiental Independiente, la cual se dedicará únicamente a fiscalizar el seguimiento y cumplimiento de las normas que protegen nuestro ambiente de las actividades productivas en todos los sectores. Instituciones como la Defensoría del Pueblo, Redes de ONG’s y espacios de diálogo y concertación entre la sociedad civil y el sector minero también lo vienen exigiendo desde hace algún tiempo atrás, sin que a la fecha el Gobierno Central preste oídos a esta urgente instancia.

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