Atreverse a pactar acuerdos en la minería
El problema no es que existan conflictos. El problema es que los mismos se enfrenten con la desconfianza absoluta de sus actores. El problema no son las diferencias sino la satanización de las mismas. El problema no es hacer críticas sino que las mismas sean entendidas como mensajes destructivos.
Y cuando un actor no cree en el otro y viceversa. Un problema que puede ser resuelto se vuelve por las percepciones encontradas, en irresoluble.
Se avecina un panorama de decisiones, el sentido de común pareciera sugerirnos que ya que existen las bases para una agenda básica de acuerdos por una nueva relación de la minería con la sociedad, la cuestión es, que cada quien cambie en lo que corresponde para así demandar al otro cambios.
El primero es en relación las formas de violencia y destrucción de la propiedad privada que adquieren algunas protestas sociales, las mismas pueden ser explicadas pero no justificadas, en ese sentido se han pronunciado ongs, iglesia y muchas organizaciones sociales, la protesta debe ser garantizada no así, su manifestación violenta.
Cuando el sacerdote Marco Arana apareció en la televisión deteniendo con energía los desbordes de un grupo de campesinos que intentaban romper las lunas de un vehículo, estaba expresando este mensaje, él seguirá siendo un firme crítico de la minería, pero dentro de las reglas de juego de la democracia. Es de esperar que ello forme parte de los estándares de conducta y se comparta de esta manera un primer acuerdo.
El segundo se refiere a que todos: empresarios, ongs, comunidades, alcaldes consideran que deben producirse cambios en los procedimientos de evaluación de los impactos ambientales. Es unánime el reconocimiento que el MEM no puede seguir siendo juez y parte al mismo tiempo, promoviendo la minería y protegiendo a la sociedad de los impactos de la misma. Las empresas modernas señalan que ellos están dispuestos a someterse a las mas acuciosas evaluaciones y monitoreos pues están seguros de los procedimientos y tecnologías que aplican, sucede que no lo pueden demostrar por la falta de credibilidad de la autoridad. Las comunidades en conflicto señala que no creen en la objetividad de las evaluaciones ambiéntales si lo fiscaliza una autoridad estatal parcializada.
Ya sea, creando una autoridad ambiental independiente o una superintendencia minera ya sea, aceptando la realización de estudios independientes consentida por las partes sobre temas controversiales en los impactos ambientales. La posibilidad de un consenso está allí, reclamando para que se le considere.
Si se logra de mutuo acuerdo estos primeros cambios, perderán todo poder aquellos que se oponen a la minería por razones de oposición al sistema democrático y de esta manera no habrá ningún pretexto para los desbordes violentos.
Atreverse a confiar, creer en el diálogo, predicar con el ejemplo demostrando responsabilidad y coherencia, aceptar las reglas de juego, son conductas que no son ajenas a muchos líderes empresariales, de comunidades, de ongs, alcaldes y representantes del estado, ¿porqué si cada uno lo practica no puede creer que el otro también puede actuar con esos mismos valores? El día que ello se entienda plenamente, algo definitivo habrá empezado a cambiar en nuestra sociedad.
José Luis López Follegatti
Asesor de la Ong Labor
