Concurrido foro sobre Camisea organizado por Labor y la SNA en Pisco, propició el debate sobre los impactos de Camisea

Más de 170 personas de Pisco, Ica y Lima, participaron el 10 de febrero pasado en el Foro “El Gas de Camisea y su exportación: consideraciones económicas y socioambientales”, realizado en la provincia de Pisco, Ica, lugar donde se ubica la Planta de Fraccionamiento del Proyecto Camisea.

El evento tuvo como objetivo generar un debate abierto entre los principales actores involucrados en el área de influencia del proyecto luego de un año de su puesta en marcha, con especial atención en la situación de Pisco. Es así como se contó con la participación de las autoridades provinciales y distritales de Pisco, autoridades nacionales, gremios y sindicatos de pescadores, organizaciones sociales de base, ONG’s, empresarios, empresas del Consorcio Camisea, académicos, entre otros.

El foro se desarrolló en cuatro bloques donde se trataron los siguientes temas: la situación del proyecto en costa; la exportación del gas natural, potencialidades y perspectivas; las contingencias y avances del proyecto en sierra y selva; y la intervención del BID en el desarrollo del proyecto.

En la primera parte del evento, Pluspetrol informó sobre el proyecto de expansión de la Planta de Fraccionamiento de Líquido de Gas Natural que responde a la etapa de exportación y cuyo EIA se encuentra en etapa inicial.

WWF resaltó los graves riesgos en la Bahía de Paracas, considerada sitio RAMSAR y dónde en el 2003 se autorizó la presencia de la Planta de Fraccionamiento del proyecto en Playa Loberías (la única finalidad de esta decisión fue que el Consorcio Camisea ahorrará el 5% de la inversión). Los riesgos se relacionan a la expansión de la planta de fraccionamiento, el aumento en el transporte de diesel que se viene dando a pesar de que el consorcio Camisea se comprometió a no hacerlo, y la presencia de un aeropuerto en la zona.

Los asistentes manifestaron que se precisaba una discusión más extensa sobre los riesgos con los actores involucrados. En este sentido la mayor preocupación fue señalada por los pescadores artesanales, quienes afirmaron ser afectados por una disminución del recurso hidrobiológico y una posible contaminación. Durante el foro se afirmó que la ampliación de la Planta de fraccionamiento requerirá un nuevo EIA que debe ser preparado con los aportes de los diferentes actores, es decir debe ser un proceso participativo e inclusivo que incluya una evaluación completa de los riesgos.

Asimismo, los asistentes señalaron que un tema prioritario es la ampliación de la oferta laboral por parte de Pluspetrol, especialmente para los pobladores de la ciudad de Pisco. Este aspecto puede resolverse con el establecimiento de programas de capacitación para calificar la mano de obra local. La distribución y el acceso a mayores beneficios económicos como las regalías para la ciudad de Pisco, constituyen también temas sensibles para la población de la zona.

El Ing. Leonel Velásquez informó al público la transferencia de funciones de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas (CDSP) hacia el Gobierno Regional de Ica en la instancia que actualmente coordina PROPARACAS, creada el 28 de setiembre del 2005. La función de PROPARACAS será coordinar la ejecución del Plan Estratégico de Rehabilitación y Manejo de Riesgos de la Bahía de Paracas y áreas circundantes.

En el segundo bloque, concerniente a la política nacional en el tema del gas, las presentaciones apuntan a que el Perú no ha realizado un análisis costo-beneficio cuando tomó la decisión de exportar el gas. Las condiciones y rentas que se obtendrían de la exportación son menores a las que se recaudarían si el recurso fuera destinado al consumo nacional. Los grandes negocios alrededor de CAMISEA no necesariamente serán buenos para el país visto en el largo plazo. “La exportación de Gas Natural y LGN muy probablemente pasará una factura muy alta a los peruanos en un plazo muy corto y acentuará más aún la dependencia energética y el subdesarrollo por no planificar bien el aprovechamiento de los recursos”, señaló el Ing. Bruno Paulsen de Progasperú.

Asimismo, el Ing. Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, denunció las cuestionables negociaciones respecto al contrato del Lote 56 y los cambios en el contrato del Lote 88. Principalmente estos cambios ponen en peligro el consumo interno de gas natural, según sus argumentos no será posible asumir el compromiso de exportar 4.2 TCF, cuando Pagoreni (Lote 56) sólo tiene 2.8 TCF, es decir las reservas faltantes saldrán del Lote 88.

Los asistentes resaltaron la importancia del tema de la exportación del gas y el consumo interno como un asunto de suma relevancia que debe ser conocido y entendido por todos los peruanos.

Al hablar de los derrames como punto fundamental del tercer bloque del evento, los asistentes resaltaron su preocupación por los incidentes ocurridos en selva y sierra y la falta de responsabilidad social de las empresas que pese a ser sancionadas por las evidentes fallas en el gasoducto se han negado a asumirlas. El representante de la Municipalidad Distrital de Anco, en cuya zona de Toccate, se produjo el tercer derrame de gas natural (16 de setiembre del 2005), expuso los daños sociales y ambientales causados durante la instalación del gasoducto y las consecuencias del derrame, asimismo solicitó al Gobierno y al BID la inmediata realización de una Auditoría Ambiental Independiente.

Osinerg, por su parte, señaló que TGP actualmente se encuentra sancionada con 5 multas, además cuenta con 18 procesos abiertos que van desde la etapa preoperativa hasta la operativa. Sin embargo, el Consorcio ha apelado las sanciones.

En el último bloque, Juan Manuel Leaño representante del BID indicó que existen desafíos todavía respecto al monitoreo y fiscalización del préstamo al gobierno peruano, estos se refieren a la participación de la sociedad civil en la información de los monitoreos

sociales y ambientales e incluir esta información en los procesos de formación de conciencia ciudadana y fundamentalmente en la toma de decisiones, con un enfoque preventivo.

Michael Valqui de WWF, miembro del Grupo de Interés Camisea resaltó las características del Sistema de Monitoreo Independiente Camisea (SMIC) para la selva y que estará ligado al tiempo que dure el contrato de préstamos del BID y la empresa Transportadora de Gas del Perú-TGP. Actualmente, el SMIC ya cuenta con casi todos los expertos contratados (biodiversidad, ambiental e hidrocarburos), a excepción del experto en temas sociales. La finalidad del Sistema de Monitoreo Independiente es permitir a los actores involucrados en el proyecto, que se reunirán en un Panel de Seguimiento, acoger voluntariamente las recomendaciones de los expertos o recoger lecciones aprendidas para mejorar el desempeño ambiental y social del proyecto.

Finalmente, María Elena Foronda de la Sociedad Nacional del Ambiente expuso un balance de Camisea, resaltando los aspectos críticos planteados desde el inicio del proyecto. Recordó que Camisea fue visto como una buena noticia ya que contribuiría a superar el déficit energético del país. Proveería a la industria y al consumo interno, y permitiría, además, reducir la contaminación del parque automotor gracias al reemplazo de otros combustibles por gas. Sin embargo, la puesta en marcha de Camisea se convirtió en una decisión política lo que apresuró el proceso de manera irresponsable. “Un proyecto de tal envergadura, cuyos impactos sean positivos o negativos recaen en las tres regiones naturales del Perú, merecía estudios de evaluación más precisos” recalcó. Como consecuencia de ello tenemos que hasta la fecha, en menos de 15 meses de operación del proyecto, ya se han registrado cuatro derrames. Señaló la importancia de que el gobierno y el BID sometan el Proyecto a una auditoría independiente a cargo de un organismo internacional propuesto por la sociedad civil, cuyos resultados se den a conocer públicamente. Además, recordó que el BID estableció en uno de sus condicionamientos al financiar el proyecto, que el gobierno peruano debería establecer un mecanismo de participación de la sociedad civil dentro del Grupo Técnico de Coordinación Institucional (GTCI), práctica sumamente necesaria en esta nueva etapa. Señaló que el Estado no debe abdicar de su rol de regulador en materia ambiental, sin dejar de ser al mismo tiempo promotor del desarrollo económico y social en beneficio de los peruanos.

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