Tribunal Constitucional falló a favor de la población de La Oroya

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú, dispuso ordenar al Ministerio de Salud (MINSA), para que en el plazo de 30 días implemente un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre en la ciudad de la Oroya. Se deberá priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas a que hubiera lugar. Así lo señala en su nota prensa emitida el día de ayer, en donde también puede acceder a la sentencia que declara fundada la demanda de cumplimiento http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_06_054.html

Esta es una buena noticia para los pobladores de La Oroya quienes, desde finales del 2002, llevaban este proceso legal de acción de cumplimiento interpuesto contra el MINSA y la Dirección General de Salud (DIGESA). Un logro que seguramente los llenará de satisfacción ya que hasta la actualidad, han transcurrido más de 7 años sin que el MINSA haya implementado un sistema de emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la población afectada. “Es una larga deuda de indiferencia que tiene el Estado y los peruanos en general”, manifestó el Dr. Carlos Chirinos, representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien representa judicialmente a la población de La Oroya.

Desde 1999, estudios de la propia DIGESA, la Universidad de Saint Louis en Missouri (EE.UU.) y de diferentes instituciones, acreditaban la existencia de exceso de contaminación en el aire de la ciudad de La Oroya y de alarmantes niveles de contaminación por plomo en sangre, sobre todo de niños, los cuales sobrepasan los límites máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por ello que el TC también ha ordenado al MINSA, a través de DIGESA, que a la brevedad posible implementen los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya.

Finalmente, el TC exhortó al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, Ministerio de Energía y Minas (MEM), Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y empresas privadas tales como la Empresa Doe Run Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores y del medio ambiente de La Oroya.