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 El nuevo proceso de descentralización en el país trajo consigo un marco normativo que incorpora la participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión local, a través de los procesos de planificación concertada del desarrollo y la programación del presupuesto público (presupuesto participativo).
Sin embargo, incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión local y regional, convirtiéndola en política de estado, implica vencer aún grandes resistencias de diversos actores en múltiples ámbitos, donde la participación ciudadana es vista como un riesgo para la viabilidad de la vida democrática.
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